Chile vive hoy momentos difíciles. Después de veinte años, la derecha gobierna nuevamente en nuestro país. No nos sentimos ajenos a ese hecho. Una parte significativa de la responsabilidad en esto, nos corresponde a nosotros, como partido y como Concertación. Si bien es cierto que el país que tenemos hoy es mejor que el que dejó la dictadura derechista, no es el Chile que quisiéramos tener, ni menos el que prometimos.
Por esto mismo, es que igualmente, no todos nos sentimos ni somos ajenos a las manifestaciones ciudadanas y a la movilización social que en estos últimos meses han recorrido nuestro país. Más bien algunos,.o muchos somos parte, nos sentimos interpretados y al mismo tiempo, interpelados por ellas, y este proceso de definiciones, es parte del esfuerzo para expresar políticamente este movimiento y sus demandas, retomando así, lo que nunca debimos perder (abandonar).
Si miramos la realidad nacional, vemos cuanta razón hay en esas manifestaciones, cuanta voluntad de democracia, de libertad, cuanto deseo de justicia social e igualdad. Cuanta ansía de fraternidad y de solidaridad, hay en la base de estos reclamos.
Aunque a veces a algunos les parezca, nada de esto es perjudicial para la democracia. Por el contrario, si somos capaces de poner nuestras instituciones en línea con estas demandas, fortaleceremos los valores democráticos de nuestra convivencia y permitiremos que el debate público se enriquezca de la participación más igualitaria de todos los chilenos y chilenas. Es claro que nuestras instituciones no están a la altura de estos desafíos. Ni nuestra democracia ni nuestros partidos políticos cumplen con las condiciones para respondes a la demanda de participación, transparencia, control social y rendición de cuentas, en definitiva de transformación y cambio, que el Chile de hoy nos plantea, motivado por las características de injusticia social, de desigualdad y de concentración del poder, en todos los ámbitos, que tiene nuestra sociedad y en la que algunos (demasiados) de nuestros dirigentes tienen directa responsabilidad. Debemos tomar definiciones serias, claras, que se entiendan por la ciudadanía. No es posible llamarnos partido y que convivan en su interior quienes encabezan la defensa de la Patagonia y quienes encabezan su destrucción en aras del lucro y la codicia.
Esta nueva realidad ha hecho evidente la necesidad de una mirada autocrítica sobre lo realizado durante los 20 años de gobierno. Los avances en muchas áreas estuvieron acompañados de una insuficiente decisión para acometer reformas profundas, que enfrentaran con fuerza las desigualdades, las limitaciones de nuestra democracia y los abusos del mercado. Así también, constituye un gran pasivo la falta de determinación con que se cuestionaron las definiciones estructurales heredadas de la dictadura. Más allá de la contextualización histórica de estas situaciones, es evidente que ese no es el carácter que ha de tener una fuerza política que asuma los desafíos de esta etapa. Para esto, es necesario abandonar definitivamente la falacia eufemística de la igualdad de oportunidades, que solo permite legitimar la desigualdad de los resultados, sin hacerse cargo de los factores estructurales del sistema.
Estas falencias no solo contribuyeron de manera decisiva a la derrota sufrida, sino que hoy, con la derecha gobernando, hacen que la ciudadanía, sabiamente, y de manera abrumadoramente mayoritaria, cuestione las bases y los sentidos del orden político. Pero esta crisis no es solo en el nivel político, de credibilidad y de representación, en suma de legitimidad, sino que por la incapacidad del sistema político de intervenir a favor de las grandes mayorías menos favorecidas, tanto en lo social como económico y cultural.
El movimiento estudiantil, que destaca en sus movilizaciones, ha logrado concitar niveles de apoyo nunca vistos, pues ha hecho sentido no solo por cuestionar el sistema educacional y su irritante desigualdad, sino por cuestionar el sentido de su existencia, que hoy pareciera ser mas realizar el afán de lucro que posibilitar el ejercicio de un derecho humano fundamental. En efecto, existe la percepción de que el afán de lucro ha ido tomando el control del sistema educacional y hoy parece ser la principal fuerza que lo moviliza. La educación parece estar convirtiéndose en un negocio más. La expansión de instituciones lucrativas ha generado poderosas dinámicas que alejan al sistema educacional de los valores que esperamos que lo animen y esa es la causa del descontento. Es un reclamo para poner otros valores y otras prioridades en el corazón de la educación.
El lucro y la competencia por obtenerlo han tenido innumerables efectos en la educación chilena y no solamente a nivel universitario, sino especialmente a nivel escolar. Uno de los principales avances del país, la ampliación de la cobertura educacional, ha tenido en el lucro uno de sus motores. Impulsados por la posibilidad de buenos negocios, muchos inversionistas, han apostado a la educación, tanto escolar como superior, y con ello han ampliado ostensiblemente el volumen y diversidad de la oferta educativa. El problema, es que esa gran cobertura educacional la esta pagando muy caro nuestro país, por el predominio de la lógica de los negocios en la educación. Se masifico la educación pero también se masificaron los negocios educativos. La educación-mercancía manda en este sistema y nosotros hemos tenido ministros que la han impulsado.
Esta situación se repite al examinar los datos de otros ámbitos de nuestra estructura socio-económica-política-cultural. Son conocidas las cifras respecto de la distribución de los ingresos y su consecuencia en las inequidades, en cualquier aspecto de nuestra sociedad, lo que nos hace cuestionar no sólo el rol que ha tenido y tiene el Estado, si no que también, nuestra condescendencia con el modelo económico llamado de libre mercado, que atenúa estas discordancia y no proporciona respuestas de futuro sobre un crecimiento armónico con el medio ambiente. La lógica del lucro y la competencia y su traspaso, en mayor o menor medida, a todos los ámbitos de nuestras vidas, desplazando a la solidaridad y la cooperación, ha generado un inevitable impacto en nuestra convivencia, deteriorando al máximo la confianza de las personas en las instituciones de toda índole y en los “otros”, llegando a constituirse como expresión clara de nuestra sociabilidad, lo que se ha llamado “El miedo al otro”, fundando sobre este un sistema de “seguridad ciudadana” que retroalimenta la lógica sistémica, excluyente y represiva, deteriorando aún mas nuestra comunidad y convivencia. Grave participación en esto han tenido y tienen dirigentes nuestros, al participar en “instituciones” como Paz Ciudadana, provocando desprestigio en amplios sectores acerca de nuestra condición, ya no digamos de izquierda o progresista, sino tan solo democrática.
Esto ha llevado a que como dice el PNUD, los y las chilenas ven al poder social organizado sobre una matriz de autoritarismo y sumisión, que produce un orden asimétrico de dignidades. Este es sentido como abuso y humillación, lo que hace que el desquite y el resentimiento se transforme en un intento por compensar lo anterior, lo cual, a su vez, no hace mas que reforzar esa misma matriz y sus efectos.
No es raro entonces que para “mantener el orden”, nuestro país tenga el triste record de tener la tasa más alta de compatriotas encarcelados de Latinoamérica, y una de las más altas del mundo. Las inseguridades que sufrimos son el resultado inevitable del funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestro orden en lo político, económico, social y cultural.
Todas estas consideraciones y constataciones nos llevan a entender que la crisis por la que atravesamos no es una cuestión coyuntural ni menos electoral, sino que lo que ha entrado, de alguna manera en ella, es mas profundo y alcanza a nuestra forma de comprensión de la sociedad y de las personas, del orden social y sus fundamentos, de las concepciones y los conceptos básicos con que analizamos la realidad. Es decir, esta crisis atraviesa, sino nuestros más altos valores declarados, sin duda, algunas o muchas de las definiciones ideológicas con que nos hemos manejado. Si en los tiempos de nuestra fundación el “fin de la historia“ se enseñoreo, implantando el concepto de “democracias de mercado” o “sociedades de consumidores” hoy, nuestra sociedad, en consonancia con la ciudadanía del resto del mundo dominado por el neoliberalismo, ha echado a andar, reasumiendo su condición de titular de la soberanía popular, comenzando a poner fin al “fin de la historia”. De nosotros depende ser parte de ese proceso o que este movimiento ciudadano y democratizador sea, también, el comienzo de nuestro fin. Por todo esto es el Consejo Ideológico del PPD.
Mauricio Salinas Escobar
Abogado
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